Manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la nueva Ley Antiterrorista

Desde Agencia Nodo Sur hacemos público nuestro total rechazo a la nueva Ley Antiterrorista promovida y aprobada en su gran mayoría por el kirchnerismo en el marco de la profundización de su modelo servil al capital internacional. No podemos hacer menos que manifestarnos en contra de esta nueva ley que incrementa el poder represivo del estado para criminalizar y condenar la protesta social bajo la figura de “terrorismo”.

La nueva ley “antiterrorista” forma parte de una legislación reimpulsada por los Estados Unidos a partir de los atentados a las Torres Gemelas en septiembre de 2001 y es parte de una serie de tratados, acuerdos y convenciones que afectan el campo político y económico internacional. Esta legislación es promovida a través de  los organismos internacionales de crédito los cuales exigen a los países socios la adscripción a las leyes “antiterroristas” bajo la condición de tener acceso a los caudales de inversión y financiación extranjera. Para Argentina la iniciativa norteamericana llega de la mano del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con el cual el actual gobierno argentino está en total sintonía. Esto, desde ya, deja en claro la falacia del pretendido “modelo nacional”; Argentina hoy más que nunca sigue atada a los designios del sistema financiero internacional sin expectativas a salir de este.

La nueva ley “antiterrorista” que el oficialismo acaba de aprobar es una ley que no solo es complaciente con los organismos internacionales de crédito, sino que además brinda las herramientas legales para repeler cualquier conflicto social que pueda poner en peligro la propiedad privada afectando la seguridad de las inversiones extranjeras. Da vía libre a la criminalización de la protesta abriendo la posibilidad de ser penalizada bajo la figura de “terrorismo”. Por ejemplo, una manifestación ambientalista que corte una ruta de acceso protestando contra la contaminación causada por una empresa de capital extranjero podría ser considerada como un acto “terrorista” bajo la nueva ley.

El “terrorismo” es una figura incierta, difusa, polivalente, indefinida, nunca clara y presta a servir de significante a cualquier objetivo indebido. Este es uno de los problemas que presenta esta ley, busca sancionar algo que carece de una definición precisa. Esto permite que pueda ser usada arbitrariamente por los jueces  y por el poder de turno según sus propios intereses para criminalizar acciones opuestas a sus objetivos políticos y de clase. Bajo esta figura hoy en día se encuentran procesados un sinnúmero de luchadores sociales como el dirigente del MTR Roberto Martino quien ni siquiera participó de los hechos en los cuales se los incrimina. Es decir, las leyes antiterroristas son la legalización de las herramientas ilegítimas del estado que son usadas para reprimir y para la persecución política a quienes luchan por una sociedad más justa.

Lo que devela el nuevo avance en materia de legislación del gobierno, que paradójicamente se hace llamar el “gobierno de los derechos humanos”, no es una excepción, es coherente con el discurso de Cristina Fernández que criminaliza los reclamos, las manifestaciones, los cortes de ruta, los paros y cualquier tipo de protesta que perturbe la buena forma en que se avasalla los derechos de los trabajadores en particular y los derechos humanos en general.

 En esta nueva medida no existe ninguna desviación en el proyecto oficialista que haga pensarlo como presa de las presiones de los organismos internacionales. Existe una coherencia explícita en la forma de avanzar en la condena de la protesta social. El kirchnerismo es consecuente con su política, esta es la cuarta ley antiterrorista firmada bajo su periodo. Esta nueva ley se suma a otras tres leyes anteriores sancionadas bajo mandato de Néstor Kirchner entre 2005 y 2007, las dos primeras en marzo del 2005; una en la adscripción a la Convención Interamericana Contra el Terrorismo y la otra cuando Argentina convalidó el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Más adelante en junio de 2007 se firmaría la tercera también bajo las condiciones de los organismos financieros y del GAFI.

La nueva ley kirchnerista no solo ratifica la legislación de las leyes anteriores sino que además duplica la pena por el incierto delito de “terrorismo” ordenando aplicar la pena “en el doble del mínimo y del máximo” si ocurriera que con este se obligue a las “autoridades públicas nacionales” (entiéndase contra el gobierno “nacional y popular” ) “a realizar un acto” (por ejemplo cuando una protesta exige al gobierno que reconozca los derechos de los pueblos originarios, como los de la comunidad Quom, en vez de asesinarlos) “o abstenerse de hacerlo” (por ejemplo, cuando una manifestación le exige al gobierno que se abstenga de firmar un acuerdo internacional que afecta el interés nacional).  Es decir que no solamente se ratifica la ley antiterrorista 26.268 del 2007 sino que viene a duplicarle la pena.

 A pesar de todas las mentiras que el oficialismo ha salido a decir respecto de que esta ley viene a derogar a la ley 26.268, lo que se debe tener en cuenta es que la aplicación de la nueva ley implica la aprobación de una legislación de mayor alcance que busca darle marco legal a la represión y disuadir cualquier acción que se oponga a las injusticias del poder, cualquier intento de manifestarse con los medios que son propios de las clases oprimidas como son los cortes de rutas, las marchas, los paros, los escraches, etc.

Por todo lo anterior. Desde Agencia Nodo Sur nos sumamos a esa voz de repudio a la nueva ley “antiterrorista” que hacen oir las distintas organizaciones que luchan por los derechos humanos y todos aquellos que desde los diversos espacios manifiestan su rechazo a la criminalización de la protesta.

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